Ellos los llaman usura. Están convencidos de que fueron estafados. Cada tanto, alguno sube al grupo que comparten en Facebook una foto de su casa con el cartel "en venta". Algún otro cuenta que por pagar la cuota no puede comprar un par de zapatillas para su hijo. Se consuelan entre sí. Se hacen preguntas porque la información que les dan los bancos los angustia. Y aguardan con esperanza a escuchar alguna novedad. Hoy, esa esperanza parece estar puesta en la reunión que los representantes de los tomadores de créditos hipotecarios UVAs mantuvieron con gente del movimiento Amnistía Internacional Argentina.
"Ellos consideran que en esta política pública de acceso a la vivienda fueron violados los derechos que le asisten a cualquier consumidor", explicaron los referentes de los hipotecados, al término de la charla y en referencia a los dichos de dos de los conductores del movimiento, su directora de Promoción y Protección de Derechos Humanos, Noelia Garone, y su coordinadora de Litigio, Mariela Galeazzi. Además, participó el abogado Rafael Luena, de la Asociación Civil de Usuarios Bancarios Argentinos (Acuba).
"Amnistía nos propone gestionar en conjunto. Y pone a nuestra disposición su estructura para presionar al poder político y abrir una mesa de diálogo", cuenta Romina Medina, referente tucumana de los hipotecados. Además, desde Acuba les mencionaron la posibilidad de organizar una acción colectiva a nivel nacional en el marco de los derechos del consumidor. "La acción colectiva no perjudica a nadie y podría beneficiarnos a todos", añade.
Pero, ¿cuál es la situación actual de esta problemática? ¿Acaso el presidente Alberto Fernández no había anunciado soluciones? ¿Por qué continúa el reclamo de los hipotecados? En primer lugar, la última medida tomada por el Gobierno nacional data de mayo de este año, cuando se informó que el Banco Central de la República Argentina (BCRA) había desarrollado un instrumento para detectar de manera temprana las cuotas que superan el límite del 35 % en relación a los ingresos del grupo familiar. Ese tope fue establecido por el decreto 767/20. Ese instrumento rige desde febrero de este año y ha establecido un mecanismo de convergencia con vigencia hasta julio de 2022, para evitar saltos sustanciales tras el congelamiento de 10 meses. Las cuotas se mantuvieron fijas entre abril de 2020 y el 31 de enero de 2021, en el marco de la crisis provocada por la pandemia de Covid-19. Pero tras la salida del frezzer, los pagos vienen aumentando unos $ 2.000 o $ 2.800 por mes y cada mes. Además y para peor, se ha verificado un aumento de capital de entre $ 70.000 y $ 200.000 mensuales, revela Medina, citando ejemplos de comprovincianos. "Lo que prometió el Gobierno no está funcionando", juzga la referente local.
Segundo, por aquel entonces, el ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, Jorge Ferraresi, había afirmado que los bancos oficiales (Nación, Hipotecario y Provincia) pasaban a subsidiar las cuotas de los hipotecados UVA que superen ese 35% del ingreso del grupo familiar. Sin embargo, reina la confusión entre los hipotecados porque quienes ya han superado ese tope no se encuentran con un subsidio, sino con un nuevo crédito que se les anexa para el final de la vida del crédito principal. "El Estado no absorve nada. Cada cliente tiene que sentarse con su banco a negociar. Ha empeorado todo", agrega Medina.
Tercero, en aquel momento Ferraresi indicó que el Banco Hipotecario, donde hay 7.655 tomadores de créditos UVA (todos con el subsidio Procrear), iba a salirse de ese mecanismo de indexación para ajustarse de acuerdo con la evolución salarial. Lo cual efectivamente sí sucedió y trajo alivio a esas familias. Pero el número de aliviados es ínfimo -aclara Medina- porque solo involucra a los Procrear de la modalidad desarrollo urbanístico; no compra de vivienda ni construcción. "En Tucumán somos apenas unas 500 familias las alcanzadas por esta medida, que se tomó en un contexto en el que se aguardaba algo similar, pero para todo el universo de tomadores".
De hecho, los referentes de cada provincia venían sosteniendo reuniones con sus respectivos diputados y senadores para el impulsar un proyecto de ley en el Congreso. "Todas las propuestas quedaron estancadas porque el arco político ha tenido la impresión que lo anunciado era una solución, cuando no lo es. Necesitamos otra fórmula de indexación. Y de entre todas las que se han propuesto hasta ahora, la más viable es la que ha lanzado el Gobierno, justamente", concluye Medina, en referencia al ajuste en base a la evolución del salario de acuerdo a la tasa Hog.Ar. De este coeficiente se vale la nueva línea crediticia para la construcción y refacción de viviendas y es al sistema al que migraron algunos Procrear UVAs. Además del pedido concreto de cambiar el método de indexación, solicitan que se le ponga un tope al capital. Quien en 2018 obtuvo un crédito por $ 3 millones, hoy debe casi $10 millones, por ejemplo. Tal es el caso de la tucumana Alejandra Navarro, cuya situación fue noticia porque en dos años pasó de una cuota de $ 16.000 a casi $ 70.000. Hoy, a unos meses de aquella publicación, su cuota quizás haya superado los $ 80.000.